Esta es una semana importante para el Bauen, el hotel gerenciado desde 2003 por quienes antes fueran empleados. La cooperativa de trabajo que lo maneja, “Buenos Aires Una Empresa Nacional” (B.A.U.E.N.), es un orgullo para la comunidad de trabajadores, han demostrado en ya casi 15 años que los trabajadores pueden sostener por sí solos una empresa. No solo eso, también la han revalorizado: llevan invertidos más de 15 millones de pesos. El caso del Bauen, además, es un caso testigo: a través de él se puede esclarecer lo vivido en los últimos cuarenta años, con el avance neoliberal.
El hotel fue construido a partir de subsidios estatales otorgados por el Banco Nacional de Desarrollo (BANADE), y se inauguró en 1978 por motivo de la Copa Mundial de Fútbol que se realizó en el país. El propietario, Marcelo Iurcovich se habría jactado de no haber puesto un peso para la construcción: toda la plata fue resultado de su relación con la última dictadura militar. El entonces presidente del EAM 78 (Ente Autárquico Mundial ’78, entidad que tomaba las decisiones referidas directa e inderectamente a la realización del mundial en Argentina), Carlos Alberto Lacoste, y el intendente municipal, Osvaldo Cacciatore, le otorgaron a Iurcovich un préstamo del BANADE que, luego, absorbió el Banco Nación. En 2003, el empresario declaró que el BN le debía dinero a él por incumplimientos e inició acciones legales contra el Estado.
El dueño nunca pagó ni una cuota del préstamo estatal y en 1997 vendió el hotel a la empresa chilena Solari SA. Para esa época, el hotel fue entrando en la decadencia propia de la competencia neoliberal (cuando el modelo entra en crisis por no generar que los caudales de inversiones, lleguen o no, sean direccionados a la constitución de empleo y la disminución en la brecha que separa a los que necesitan trabajar para vivir, de los que no lo necesitan). Asfixiado por la caída de los precios en hotelería, Solari intentó renegociar la deuda sin éxito: luego de pagar algunas cuotas (que alcanzó un 30% del total) al “Grupo Iurcovich”, tuvo que declarar la quiebra.
La crisis del 2001 pegó con fuerza a los trabajadores. Fue el resultado de las políticas neo-liberales que condujeron al país al fracaso inevitable, a los altísimos niveles de pobreza e indigencia, a los niveles de marginalidad que dieron lugar a movimientos como el de los piqueteros. El final del 2001, convergente con el final de la Alianza (la de De La Rua), sumergió aún más a los trabajadores: el 28 de diciembre de ese año, cuando se declaró la quiebra del Bauen, alrededor de 150 familias quedaron en la calle. El hotel quedó inactivo un año.
En mayo de 2003, algunos exempleados decidieron reunir al resto y plantear la recuperación del edificio. Trabajadores que tenían que mantener a sus familias, que no conocían profundamente las leyes y que desde el cierre del Bauen encontraban la supervivencia dificultosa, buscaron ayuda en el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) para recomponer su situación laboral. Primero, limpiaron y pusieron en condiciones los salones de fiestas para ofrecerlo como lugar de reunión y celebraciones de otras empresas recuperadas. En 2004, el interventor Alejandro Gómez permitió al hotel poner en funcionamiento dos pisos y unas líneas telefónicas. En ese momento, la petrolera venezolana PDVSA buscaba alojamiento para 70 niños que formaban parte de un programa estatal de orquestas juveniles para chicos en situación de calle y que iban a presentarse en Buenos Aires; esos niños y un profesor fueron los primeros huéspedes del nuevo Bauen.
Con el ingreso de dinero y las habitaciones habilitadas, los trabajadores tomaron la decisión de gestionar al hotel como lo vienen haciendo desde entonces: a través de asambleas donde todos tienen voz y voto, y a través de las cuales toman las decisiones sobre cómo llevar adelante el trabajo. No hay gerentes, no hay jefes, no hay un dueño: todos son miembros de una de las cooperativas que enorgullece a los trabajadores de todo el mundo. Desde entonces, han invertido millones para poder brindar un servicio acorde a lo que se espera de un hotel de alta categoría en pleno centro porteño; desde entonces, los viejos dueños del hotel intentan recuperarlo.
Ya en 2003, el grupo Iurcovich se hizo con la titularidad del hotel por el incumplimiento de pago de su par chileno. Por ello, debía pagar una suma al GCBA, pero no lo hizo (así como nunca pagó el ABL). En 2005, la familia anunció su venta a Mercoteles S.A., una empresa cuyo contador figuraba como presidente y cuyas acciones eran mayoritariamente de Juan Carlos Hernández, un comerciante del conurbano que tenía una empresa en Uruguay inscripta en la provincia de Chubut para comprar unos inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires (por lo cual la Inspección General de Justicia -IGJ- lo había multado). Esos inmuebles adquiridos por el tal Hernández fueron inmediatamente alquilados a las hijas del contador del grupo Iurcovich. Las incontables vinculaciones familiares entre miembros de Mercoteles S.A. y Marcelo Iurcovich, que comprobaban la relación existente entre la empresa que pelea por el desalojo del Bauen y sus anteriores dueños, pueden desestimarse desde que Hugo Iurcovich (hijo de Marcelo) pasó a ser el titular de Mercoteles y comenzó a gestionar la recuperación del hotel de su familia.
Antes de Hugo, Samuel Israel Kaliman (cuñado de Marcelo) declaró ante el juez como representante de Mercoteles S.A. Fue en 2006, cuando respondió que no sabía quiénes integraban el directorio de Mercoteles, ni cuándo se reunían. Además, afirmó que su empresa le había alquilado el hotel a la cooperativa B.A.U.E.N., y que la cooperativa no había pagado nunca el alquiler (algo incomprobable por la inexistencia de documentos legales que lo prueben). Las declaraciones fueron grabadas en el documental que filmó y editó Fabián Pierucci, donde podemos ver a Kaliman dudando y callando ante cada pregunta del juez, o la objeción del abogado defensor.
Desde el 2005, por orden del juez Roberto Gallardo en la causa “B.A.U.E.N. contra GCBA”, el hotel fue habilitado y cuenta con las normas de seguridad necesarias para su normal funcionamiento. Un año después, la jueza Carla Cavaliere aprobó la suspensión de la clausura, por lo que los trabajadores pudieron moverse legalmente dentro y fuera del hotel. Desde entonces, se han sucedido fallos a favor de Mercoteles e intimaciones para el desalojo del hotel. La cooperativa apeló cada vez, y se negó a las negociaciones que implicaban la recuperación del hotel por los Iurcovich y la promesa de mantener los puestos de trabajo.
El temor de los trabajadores tiene que ver con una lógica de trabajo de los Iurcovich: cambiar los nombres a las empresas para que sus empleados pierdan derechos y beneficios ganados. Una modalidad que llevó adelante con la firma Poliequipos (dedicada al mantenimiento de hospitales y clínicas), que tuvo de cliente a algunas municipalidades provinciales en los ochenta y -con el menemismo- el negocio de mantenimiento de hospitales municipales. Cuando durante la intendencia de Ibarra se probó su responsabilidad en el fallo de unos equipos en el Santojanni , se separó a Poliequipos de la Ciudad. Las empresas que ocuparon su lugar (Indal Tec, primero, Divelux, después) tenían la misma dirección que la antigua Poliequipos: en la oficina del contador del Grupo Iurcovich, Carlos Sterin.
La cooperativa pide que el Estado ejecute la deuda que contrajo la familia Iurcovich por falta de pago (del préstamo original, del ABL y del porcentaje correspondiente a la recuperación después de la quiebra de Solari S.A.), que recupere lo que le pertenece, y que les permita cogestionarlo. En 2015 se votó la expropiación en la Cámara de Diputadas, donde consiguió media sanción; a fines de 2016, la Cámara de Senadores la aprobó. Una semana después, el presidente vetó la ley aludiendo que los gastos estatales no pueden favorecer exclusivamente a un grupo de personas. Tras el veto, la jueza Paula Hualde dispuso la fecha de 19 de abril de 2017 para el desalojo del hotel. Además, pidió al Jefe de Gabienete el apoyo de las fuerzas de seguridad para asegurar el cumplimiento del mismo.
El 11 de abril pasado se realizó una cena solidaria a la que más de 700 personas nos acercamos en solidaridad. El evento confirmó la intención de la cooperativa de seguir avanzando en la justicia, insistiendo con el trámite legal: el objetivo es ratificar el fallo en ambas Cámaras, que se declare al edificio de utilidad pública y conseguir la expropiación anulando el veto presidencial. El propósito es que la gestión del hotel siga siendo de los que verdaderamente lo han llevado adelante, los trabajadores. En la legislatura bonaerense hay, pendientes, más de cien proyectos a tratarse por cuestiones similares. La suerte del Bauen puede estar ligada directamente a la de miles de otros trabajadores.
