En pleno auge de lo que los intelectuales llaman la “posverdad”, vivimos en una Argentina donde se cuestiona muy poco algunas menciones poco felices acerca del número de universidades que hay en nuestro país. Nuestro presidente se ha encargado ya más de una vez de mostrar cómo la educación es un gasto para el Estado y que, bajo la órbita ideológica del gobierno actual, los gastos hay que reducirlos.
Pensar la universidad (la educación en general) como un gasto para el Estado es similar a pensar que el dinero del pueblo es un ingreso que llega al gobierno como pago por sus servicios. El Estado es el pueblo, es garante de la soberanía política y de la justicia social. El Estado debe garantizar que el dinero de los contribuyentes (los miembros del pueblo, los habitantes de la nación, el ciudadano argentino) se utilice en beneficio de ellos mismos.
No hay necesidad de involucrar largas argumentaciones acerca de teoría política. El Estado existe para proteger al pueblo, los representantes elegidos se ocupan de ello. El Estado es representación del pueblo; sino, no es nada.
En este sentido, es bueno recordar que mucho tiempo atrás, se debía pagar para estudiar. La cultura estaba restringida; solo era accesible a ellos que tenían el dinero para sustentarlo. La Reforma Universitaria de 1918, aquel manifiesto de los estudiantes cordobeses que bregó por el libre acceso a una educación libre y laica, inició el camino hacia una Universidad que albergase a todos y todas, a aquellos que deseasen estudiar, que buscaran el ascenso social que la Universidad otorga. A todos y todas los y las que buscaban en los estudios el acervo cultural que no tenían en su ambiente más inmediato. Pero no fue hasta 1949 que las universidades dejaron de ser pagas.
Fue un 22 de noviembre de 1949 cuando Perón firmó el decreto 29.337 que suspendió el cobro de aranceles. El texto del decreto planteaba que “el engrandecimiento y auténtico progreso de un pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura que alcance cada uno de los miembros que lo componen”. De esta manera, aquellos que continúan discutiendo al peronismo desde el popularmente antipopular dicho de “alpargatas sí, libros no” pueden encontrar en este decreto su refutación más absoluta.
La acción estatal del peronismo sobre la educación del pueblo excede, igualmente, a un decreto. Aparte de la creación de la Universidad Obrera Nacional (UON, cómo se puede leer aquí), el segundo gobierno de Perón normalizó la carrera docente y le otorgó un estatuto a la vez que se constituyó el Ministerio de Educación (sobre lo que antes fuera el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública).
El decreto que firmó Perón explicaba, también, “que una forma racional de propender al alcance de los fines expresados es el establecimiento de la enseñanza universitaria gratuita para todos los jóvenes que anhelen instruirse para el bien del país”. En contraste; mientras el peronismo propuso siempre las mayores garantías para los estudiantes de todo el país, hoy se discute la cantidad de universidades que permiten el acceso a la cultura a miles.
