Me acuerdo cuando en los 90 desde muchos sectores se aplaudía de pie ante cada privatización de una empresa estatal. Quizás festejaban cómo poco a poco el Estado del centro político, cómo el camino quedaba despejado para el mercado.
Fuimos rematando nuestra soberanía, ni siquiera a buenos postores, y lo de YPF fue “la joya de la abuela”, lo más paradigmático de esa entrega.
Pero estamos en una nueva etapa; la de un gobierno que lidera un proyecto nacional, popular y democrático que sabe lo que implica recuperar esa soberanía. Que YPF vuelva a manos de los argentinos, que sea el Estado (y no empresas que no se someten al voto) el que guíe la política energética del país.
Macri se arroga conocer por dónde pasa la felicidad de los argentinos. Y, parece, cree que los argentinos vamos a ser felices bajo la supuesta defensa del marco jurídico para firmas extranjeras. No sólo se respetan las leyes, se somete al Congreso un proyecto de ley (nada más soberano y democrático que eso), sino que se apuesta que el país pueda decidir sobre sus hidrocarburos, pueda administrar su economía, generar más trabajo y crecimiento inclusivo. Ahí está el futuro de los argentinos.
El anuncio de Cristina Fernández de Kirchner es la confirmación de un cambio de paradigma, un proceso que se viene validando medida tras medidas en los últimos años. Tanto escuchamos que el Estado no era capaz de administrar empresas, que no podía velar por el interés público de los argentinos.
Pero la Presidenta, como Jefa de Estado, viene tomando la iniciativa para que tengamos un óptimo suministro de agua, garantizar la viabilidad del correo, el desendeudamiento, un Banco Central que trabaje para los argentinos, una comunicación más plural, que haya vuelos a todo el país y que todos podamos acceder a la energía. La causa por Malvinas reivindica ese espíritu; sólo falta eso.
No hay sector económico, dignatario, o interés foráneo que justifique ceder la soberanía de los argentinos. Pensar a largo plazo el país, repensarnos sin las trampas ideológicas de los 90, resulta ineludible para lograr la justicia social.
