El último golpe de Estado, el que puso en el poder a la Junta de gobierno encabezada por Videla, tuvo entre sus objetivos la imposición de un nuevo modelo económico basado en la especulación financiera. Era imprescindible culminar con el discurso desarrollista (ni hablar de la industrialización por sustitución de importaciones), desbaratar la producción nacional y generar desempleo. El modelo iba de la mano con la llegada de importaciones y la contracción de deuda a nivel internacional.
Por otra parte, el gobierno de facto emprendió –como es sabido- una lucha contra la subversión. Esta “subversión” aglutinaba a todos aquellos que podían significar trabas al modelo antes explicado. Se llevó entonces adelante una política de represión, secuestros, tortura y desaparición que cercenó al movimiento obrero.
La junta dictatorial intervino la CGT y la mayoría de los sindicatos (UOCRA, portuarios, UOM y muchos más), ocupó las fábricas (Ford, Mercedes Benz, el ingenio azucarero Ledesma, entre otras) y se dedicó a encarcelar (torturar, desaparecer) a los dirigentes gremiales, delegados y militantes que supusieran un obstáculo a la des-industrialización.
Con la confederación general de los trabajadores disuelta, se crearon nuevas organizaciones. El primero de marzo de 1977 se creó la Comisión de los 25 Gremios Peronistas (García por los taxistas, Rodríguez por SMATA y Ubaldini por los cerveceros, entre otros). Tiempo después, Saúl Ubaldini se uniría a Lorenzo Miguel, desde las 62 Organizaciones, para encabezar la lucha trabajadora contra la dictadura.
A comienzos de abril de 1979, la “Comisión de los 25” decretó la primera huelga nacional contra la dictadura para el día 27 de abril. El ministro de trabajo de aquel entonces, Horacio Lliendo, reunió a los dirigentes de los sindicatos asociados a la Comisión para facilitar su detención. Los dirigentes fueron enviados a la cárcel de Caseros donde algunos permanecieron detenidos durante meses. Los “25”, que habían supuesto una jugada de este tenor, tenían previsto un comité de huelga alternativo.
El paro se llevó a cabo con un alto nivel de acatamiento en las bases. Los reclamos eran muchos: por los despidos, la desocupación, la pérdida de salario real, la política represiva del Estado y el modelo económico que se estaba imponiendo. Además, se pedía la restitución de la Ley de Convenios Colectivos de Trabajo y la normalización de la actividad sindical. Esta convocatoria marcó un antes y un después para la relación del pueblo nacional con la junta militar.
El primer paro que se le hizo a la dictadura significó, también, la apertura a nuevos reclamos desde, por ejemplo, los organismos de Derechos Humanos. La estabilidad del gobierno de facto ya no fue la misma.
Hoy, que se cumplen 38 años de esta primera huelga a la dictadura, vivimos un proceso similar con respecto a la política económica: desindustrialización, desempleo masivo, pérdida del salario real, endeudamiento crónico. No hay que claudicar. Las bases siempre deben ser escuchadas y son los movimientos de los trabajadores los que han demostrado, en la historia, estar a la altura de poner lo que hay que poner para conseguir lo mejor para las mayorías.