#LuzParaEllos. Con este Hashtag, las familias que precisan del uso continuo de energía (ya sea por aparatología o para mantener el frío de medicamentos) visibilizaron una problemática que dio inicio con los “tarifazos” de 2016. La quita de subsidios a los servicios, política estatal que dio sus primeros pasos a comienzos del año pasado, significó un duro golpe a los electrodependientes. La Asociación Argentina de Electrodependientes (AAED) impulsó entonces una ley que, hace unos meses, se aprobó por unanimidad en el Senado.
Aquellos que, por cuestiones de salud, requieren suministro eléctrico constante para alimentar el equipo médico matriculado necesario para evitar riesgos de vida o salud, tendrían “garantizado en su domicilio el servicio eléctrico en forma permanente” de manera gratuita (según reza la ley aprobada en abril de 2017).
Esta construcción jurídica choca con la dura realidad. Al día de hoy, la ley sigue sin estar reglamentada y las facturas de luz que llegan a los hogares con miembros de la familia electrodependientes ronda los 6000 o 7000 pesos; es decir, casi un salario mínimo.
En mayo de este año, el ministro Aranguren le puso un techo a la ley: la electricidad sólo es gratuita hasta los 600 kilowatts por hora. Una vez superado este valor, las familias deberán pagar entre 300 y 600 pesos el megavatio. Al no estar reglamentada, el ente regulador (ENRE) y las empresas que brindan el servicio pueden intimar a las familias con una alerta de corte de suministro por falta de pago.
Mientras el salario mínimo sigue siendo de poco más de 8000 pesos (y se actualizará automáticamente en julio de 2018 a 10.000), quienes precisan usar suministro eléctrico constante para mantener su vida, deben pagar casi un salario mínimo o esperar a que no le corten el suministro mientras el Ejecutivo se toma el tiempo para regular y efectivizar una ley que (votada por unanimidad) busca paliar consecuencias del tarifazo estatal.
