Cuando el voto en blanco fue peronista

En los tiempos de la autoproclamada “revolución libertadora”, el peronismo fue proscripto. Obra de Aramburu (segundo presidente de facto de aquella dictadura revanchista), el decreto-ley 4161 prohibió los nombres de Perón y Evita junto a cualquier otra mención relacionada con la ideología peronista.

Un mes después (en abril de 1956) los mismos miembros de esa “revolución” que –decían- venía a acabar con “la dictadura del tirano Perón”,  derogarían la Constitución del 49. Aquella reforma constitucional de 1949 había incluido nuevos artículos importantes en materia de derechos sociales y económicos para el pueblo argentino. Entre ellos, podemos recordar la igualdad entre el hombre y la mujer en matrimonio, los derechos de la ancianidad, la estatización del comercio exterior y los servicios públicos; así también, los consabidos derechos laborales.

Es de destacar, entre los artículos derogados en 1956, el de la nacionalización de los recursos mineros y energéticos. Dato no menor, si lo refrendamos con una actualidad que vive este tema de modo muy presente.

Así las cosas, hace exactamente 60 años (28 de julio de 1957) tuvieron lugar las elecciones para una Convención Constituyente que habría de sesionar a partir del 30 de agosto con el fin de reformar nuevamente la Constitución. Con el peronismo proscripto, escindido de la escena política, la victoria en las urnas fue del voto en blanco: casi un 25% de la población argentina decidió apoyar a un peronismo ausente que había luchado por mejores condiciones para trabajadores y trabajadoras del país.

Detrás del peronismo, la tradicional segunda fuerza se encontraba dividida entre los radicales Intransigentes y los radicales del Pueblo (UCRI y UCRP respectivamente). Si bien juntos alcanzaron el 44% de los votos, ninguna de las dos fuerzas logró alcanzar el 25 por ciento que rozó el voto en blanco ganador.

El resultado de la convención es conocido. Ante tal escándalo inconstitucional (por tratarse de un gobierno de facto, por haberse realizado la convocatoria de manera adversa a como lo dicta la Constitución Nacional) más de la mitad de los convencionales elegidos por el pueblo fueron dimitiendo por diferentes razones.

Solamente la facción radical del Pueblo (junto a algunos “intransigentes”), el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano y los conservadores se expresaron a favor de la legalidad de aquella reforma. Poco más de la mitad de los convencionales originales se prestó a la modificación de la Carta Magna argentina.

El resultado es conocido: el famoso artículo 14bis que volvió a convalidar algunos de los derechos laborales que había instituido la Constitución de 1949. Lo que no se logró fue reforjar el artículo 40, aquel que rezaba (entre otras cosas) que “el Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales” y que “los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación”.

 

Hoy, a 60 años del voto en blanco que intentó poner freno a la reforma constitucional, recordamos que hubo una constitución verdaderamente del pueblo y para el pueblo. Una constitución que fue anulada y rechazada de pleno por una dictadura revanchista y anti-popular que se autoproclamó “libertadora” y juzgó al peronismo por corrupción, personalismo y monopolizador. Aquí los hechos.