El peronismo, siempre atento a cumplir con los ejes fundamentales de su ideología, bregó –como es sabido- por un país industrializado que pudiese sustituir importaciones por productos de fabricación nacional. La independencia económica solo es posible si la nación en su conjunto se consolida en su función social y económica a la vez que se nutre de la política a través de un Estado fuerte y presente que represente al pueblo argentino.
El 19 de agosto de 1948, a través de la Ley 13.226, se creó la Universidad Obrera Nacional (UON) con el objetivo primordial de formar profesionales para la industria nacional. La organización y el fomento de la industria, así como la coordinación de un cuerpo docente con saberes integrados de la experiencia del taller, se vieron acompañados por la creación de esta nueva Universidad que permitía el acceso al conocimiento al sector más postergado de nuestra población.
Si bien recién comenzó a funcionar en 1953, desde la fecha misma de su sanción se puede observar la intención de respaldar la soberanía política en un acercamiento del conocimiento a todo el pueblo. Es dable recordar que, a comienzos del siglo XX, si bien la educación primaria (básica) era obligatoria, la construcción y creación de escuelas a lo largo y ancho del país fue un proceso, si bien firme, lento. El ingreso a estudios superiores (secundario, universidad) era un privilegio de unos pocos, y un signo de superioridad para las familias más pudientes.
La creación de la UON significó la igualación de los trabajadores con la élite arraigada en la esfera del conocimiento y los altos estudios. A partir de allí, obreros y técnicos del país pudieron perfeccionar sus estudios y consolidarse como trabajadores especializados. Un cambio de mayor importancia para lo que sería el futuro de la ingeniería en el país. Una importancia que sigue vigente hoy en la Universidad Tecnológica Nacional, nombre que se le dio a la UON tras el levantamiento militar anti-peronista de 1955 (no sorprende el cambio de nombre si tenemos en cuenta el firme tenor anti obrero del gobierno de Aramburu).
La Universidad Obrera se propuso integrar a los trabajadores al mundo de los estudios superiores. Los obreros, hasta entonces excluidos por la elite universitaria, pasaron a ser el sujeto pedagógico privilegiado. Un cambio curricular novedoso en un mundo donde el acceso a la educación era limitado a los saberes básicos.
Perón promovió la creación de la UON como parte del programa que instaba a la Argentina a transformarse en una Nación independiente del imperialismo norteamericano, con una economía productiva y un pueblo soberano. Fue mucho más que alpargatas, el peronismo buscó emparejar a los distintos sectores sociales en el marco de una justicia social holística, integral.
La veda es para reflexionar
Arrancó la veda electoral en todo el país. Estas 48 horas tienen el propósito de instar a la reflexión de los ciudadanos. Nuestra democracia, cada vez más fuerte desde 1983, precisa de un electorado despierto y capaz de discernir entre quienes mejor lo representan. Porque el electorado es el pueblo argentino, la nación en su totalidad, y es derecho inexorable de su esencia y sustancia el asumir el compromiso ante las urnas.
El pueblo es soberano y, como tal, este domingo ejercerá su autoridad en comunidad. Es vital, en tal solemne fecha, que meditemos acerca del país que queremos para nuestra querida Argentina.
¿Cuándo estuvimos mejor? Esa es una pregunta elemental para el vecino elector.
¿Estuvimos mejor estos últimos meses o en años pasados? La veda que se impone nos insta a reflexionar, a pensar sin condicionantes externos. No hay racionalización sin duda, pero vacilar no quiere decir que debamos paralizarnos. Es necesario llevar adelante un ejercicio de la duda consciente. Darnos el tiempo para pensar qué vamos a elegir y por qué.
Cuando votamos, estamos asumiendo una postura ante el mundo, ante nuestros vecinos, por nuestras familias, por el futuro de todos. Ejercer el sufragio es poner en juego una visión del mundo que implica querer estar mejor, que todos lo estén.
Este domingo, los argentinos votamos para marcar un camino que se definirá en octubre. Este domingo es un llamado a la reflexión, para llegar a octubre encaminados por una Argentina más justa.
Cuando Perón y Evita fueron provincia
Fue un 8 de agosto de 1951, hace 66 años. El Congreso Nacional sancionó la ley que volvía provincias autónomas a las otroras entidades subnacionales. Poco después se sancionaron sendas constituciones y se eligieron los nombres para las provincias: mientras que la actual “La Pampa” se nominó “Eva Perón”, el actual Chaco pasó a ser “Presidente Perón”.
El proyecto de ley, fomentado por la propia Evita, buscó transformar los Territorios Nacionales (unidades subnacionales controladas por el Estado nacional) en Provincias Autónomas. De esta manera, el gobierno nacional mostró claramente su interés por cimentar la soberanía política, uno de los pilares fundamentales de la ideología peronista.
Las nuevas provincias mostraban un gran crecimiento sostenido y hacía tiempo habían alcanzado el mínimo de población necesaria para su provincialización; pero los intereses particulares de quienes prefieren sus negociados antes que la independencia económica nacional, ralentizaron el movimiento por la provincialización. Ésta suponía la adhesión de nuevos ciudadanos políticos. Para el peronismo, la provincialización no servía solo a los intereses de la justicia social; además, permitía el acceso a los derechos políticos a una gran parte de los argentinos.
La provincialización suponía la adhesión de nuevos ciudadanos políticos.
Las constituciones de las provincias Eva Perón (1951) y Presidente Perón (1952) fueron, tras la autodenominada Revolución Libertadora, derogadas por decreto; los nombres de las provincias retornaron a los dispuestos por el Gral. Roca (La Pampa, en 1884) y por el entonces presidente Sarmiento (Chaco, en 1872). Como escribí hace poco, el nuevo gobierno anti-peronista instaurado después del golpe de 1955 no tuvo apoyo para las elecciones a la Asamblea Constituyente, por lo que las nuevas constituciones fueron fuertemente discutidas por su sanción no democrática.
La provincialización de los Territorios Nacionales, hoy una anécdota casi de nuestra historia, es otro ejemplo de la decisión política de un Estado Nacional por otorgar mayores beneficios a un pueblo que, en gran parte, se encontraba subsumido bajo la égida de un Estado centralizado. La creación de las provincias permitió una mayor participación del pueblo de la Nación en las decisiones políticas del país.
Un salario mínimo de luz: la realidad de los electrodependientes
#LuzParaEllos. Con este Hashtag, las familias que precisan del uso continuo de energía (ya sea por aparatología o para mantener el frío de medicamentos) visibilizaron una problemática que dio inicio con los “tarifazos” de 2016. La quita de subsidios a los servicios, política estatal que dio sus primeros pasos a comienzos del año pasado, significó un duro golpe a los electrodependientes. La Asociación Argentina de Electrodependientes (AAED) impulsó entonces una ley que, hace unos meses, se aprobó por unanimidad en el Senado.
Aquellos que, por cuestiones de salud, requieren suministro eléctrico constante para alimentar el equipo médico matriculado necesario para evitar riesgos de vida o salud, tendrían “garantizado en su domicilio el servicio eléctrico en forma permanente” de manera gratuita (según reza la ley aprobada en abril de 2017).
Esta construcción jurídica choca con la dura realidad. Al día de hoy, la ley sigue sin estar reglamentada y las facturas de luz que llegan a los hogares con miembros de la familia electrodependientes ronda los 6000 o 7000 pesos; es decir, casi un salario mínimo.
En mayo de este año, el ministro Aranguren le puso un techo a la ley: la electricidad sólo es gratuita hasta los 600 kilowatts por hora. Una vez superado este valor, las familias deberán pagar entre 300 y 600 pesos el megavatio. Al no estar reglamentada, el ente regulador (ENRE) y las empresas que brindan el servicio pueden intimar a las familias con una alerta de corte de suministro por falta de pago.
Mientras el salario mínimo sigue siendo de poco más de 8000 pesos (y se actualizará automáticamente en julio de 2018 a 10.000), quienes precisan usar suministro eléctrico constante para mantener su vida, deben pagar casi un salario mínimo o esperar a que no le corten el suministro mientras el Ejecutivo se toma el tiempo para regular y efectivizar una ley que (votada por unanimidad) busca paliar consecuencias del tarifazo estatal.
Cuando el voto en blanco fue peronista
En los tiempos de la autoproclamada “revolución libertadora”, el peronismo fue proscripto. Obra de Aramburu (segundo presidente de facto de aquella dictadura revanchista), el decreto-ley 4161 prohibió los nombres de Perón y Evita junto a cualquier otra mención relacionada con la ideología peronista.
Un mes después (en abril de 1956) los mismos miembros de esa “revolución” que –decían- venía a acabar con “la dictadura del tirano Perón”, derogarían la Constitución del 49. Aquella reforma constitucional de 1949 había incluido nuevos artículos importantes en materia de derechos sociales y económicos para el pueblo argentino. Entre ellos, podemos recordar la igualdad entre el hombre y la mujer en matrimonio, los derechos de la ancianidad, la estatización del comercio exterior y los servicios públicos; así también, los consabidos derechos laborales.
Es de destacar, entre los artículos derogados en 1956, el de la nacionalización de los recursos mineros y energéticos. Dato no menor, si lo refrendamos con una actualidad que vive este tema de modo muy presente.
Así las cosas, hace exactamente 60 años (28 de julio de 1957) tuvieron lugar las elecciones para una Convención Constituyente que habría de sesionar a partir del 30 de agosto con el fin de reformar nuevamente la Constitución. Con el peronismo proscripto, escindido de la escena política, la victoria en las urnas fue del voto en blanco: casi un 25% de la población argentina decidió apoyar a un peronismo ausente que había luchado por mejores condiciones para trabajadores y trabajadoras del país.
Detrás del peronismo, la tradicional segunda fuerza se encontraba dividida entre los radicales Intransigentes y los radicales del Pueblo (UCRI y UCRP respectivamente). Si bien juntos alcanzaron el 44% de los votos, ninguna de las dos fuerzas logró alcanzar el 25 por ciento que rozó el voto en blanco ganador.
El resultado de la convención es conocido. Ante tal escándalo inconstitucional (por tratarse de un gobierno de facto, por haberse realizado la convocatoria de manera adversa a como lo dicta la Constitución Nacional) más de la mitad de los convencionales elegidos por el pueblo fueron dimitiendo por diferentes razones.
Solamente la facción radical del Pueblo (junto a algunos “intransigentes”), el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano y los conservadores se expresaron a favor de la legalidad de aquella reforma. Poco más de la mitad de los convencionales originales se prestó a la modificación de la Carta Magna argentina.
El resultado es conocido: el famoso artículo 14bis que volvió a convalidar algunos de los derechos laborales que había instituido la Constitución de 1949. Lo que no se logró fue reforjar el artículo 40, aquel que rezaba (entre otras cosas) que “el Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales” y que “los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación”.
Hoy, a 60 años del voto en blanco que intentó poner freno a la reforma constitucional, recordamos que hubo una constitución verdaderamente del pueblo y para el pueblo. Una constitución que fue anulada y rechazada de pleno por una dictadura revanchista y anti-popular que se autoproclamó “libertadora” y juzgó al peronismo por corrupción, personalismo y monopolizador. Aquí los hechos.
Evita inmortal
Hoy se cumplen 65 años del paso a la inmortalidad de María Eva Duarte de Perón. Una fecha dolorosa e importante para un pueblo que la ha amado tanto como ella supo expresar su afecto. No es la muerte lo que se conmemora, porque Evita vive en el pueblo; en todos nosotros. Evita es inmortal porque en su recuerdo vive la esperanza de los trabajadores argentinos.
Es lindo recordar, porque es lindo aparte de importante, que Evita fue gremialista antes de Perón. No fue su relación con el peronismo la que despertó su conciencia social. Evita fue gremialista antes de conocer al (por aquel entonces) Secretario de Trabajo y Previsión: en 1943, fue una de las fundadoras de la Asociación Radial Argentina. Tenía tan solo 24 años.
Luego vendría Perón y el peronismo. La Fundación Eva Perón y el compromiso social asumido ya desde un rol de liderazgo. Luego vendría, también, el apoyo a la ley por el sufragio femenino y la fundación del Partido Peronista Femenino.
Eva Duarte supo ser líder de los necesitados, supo marcar el camino de un pueblo que encontró en ella a su Capitana. En un día tan importante como hoy, no queda más que recordarla como ella misma se definió, “Evita”, porque así la llama el pueblo y solo el pueblo. Razón por la cual, nunca dudó si había elegido el camino correcto en su vida.
Una victoria del pueblo en las urnas
La victoria del PJ en la provincia de Chaco renueva los ánimos en el pueblo soberano. Fueron las primeras elecciones en el año y, por lo visto, las urnas nos muestran cierto malestar en lo que concierne al estado de cosas actual.
Casi la mitad del pueblo chaquense se convocó a la primera cita por una recuperación patriótica de lo usurpado. Es cierto que el Partido Obrero también revolucionó el sufragio: lograron una banca trostkista (cosa inusual) para combatir las reformas del actual neoliberalismo oficial.
La conmoción generado por el PO no sorprende ante el avance de una gestión que malogró puestos de trabajo y apunta inexorablemente a la flexibilización laboral.
Fueron las primeras elecciones de un año que se presenta vital para dejar en claro qué quieren los argentinos, qué Argentina quieren. Porque como he escrito antes; hay dos modelos de país en juego este año, y es crucial apoyar el proyecto que apoya al pueblo y dignifica a los trabajadores.
Un reconocimiento de Madres
En un año especial en el que se cumplen los 40 años de la primera ronda de Madres en Plaza de Mayo; ellas, las madres de todos los argentinos, me han reconocido compartiéndome su símbolo de lucha.
Ayer por la tarde, me entregaron un pañuelo que no hace más que recordarme lo que escribí hace unos meses; que abracemos “con el alma a nuestras madres y abuelas, las de todos los argentinos. Las que nos mostraron el camino de la paz para combatir el horror y siguen hoy mostrándose eternas”.
El orgullo excede a las pobres palabras para expresar lo que se siente que lo incluyan a uno en tal símbolo de paz. Porque como dije antes, tal alegoría de lucha nos recuerda el camino de paz que es el que han andado todos estos años.
Visibilizar para humanizar
El análisis del Primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle arrojó algunos resultados preocupantes. Hoy en día hay casi 4500 personas viviendo en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Si sumamos a quienes utilizan las redes de alojamiento nocturno, el número alcanza casi a las 6000 personas en situación de calle en nuestra ciudad.
Mientras tanto, la cifra oficial realizada por el programa Buenos Aires Presente (BAP) es de 1066. La diferencia podría radicar en el modo de llevar adelante el conteo: las organizaciones sociales que se capacitaron para realizar el Censo Popular recorrieron las calles de los 46 barrios porteños al menos dos veces (alternando día de semana con fines de semana y horarios nocturnos y diurnos) para obtener una cifra que verdaderamente visibilice a los sin techo. El BAP solo peinó las calles una vez, su argumento solo oscureció la cifra final. Para quienes llevan adelante el programa, pasar dos veces por el mismo lugar podría incurrirles el error de contabilizar dos veces a la misma persona; apoteosis de la cosificación humana. Por otro lado, las organizaciones sociales respondieron que llevaban identificados por nombre y apellido a los censados.
En este marco, no es sorprendente que se oigan declaraciones como la del secretario de Salud del municipio de General Pueyrredón, Gustavo Blanco, quien afirmó que los sin techo “son como los perritos”, no se quieren ir de donde están.
El programa que llevó adelante el censo oficial no solo les negó la identidad a quienes se encuentran en situación de calle, también desconoció a quienes usan transitoriamente los alojamientos diurnos o nocturnos. La ley 3076 (de 2010) define a las personas en situación de calle incluyendo a aquellas que utilicen la red de alojamiento nocturno; esto implicaría sumar a más de mil personas que habitualmente recurren a estas redes.
En los últimos años, el número de personas en situación de calle ha crecido por encima del 20% cada año. La ley mencionada anteriormente indica que los censos realizados deben ir acompañados de políticas públicas tendientes a revertir la situación. Visibilizar la realidad, como indican las organizaciones sociales que llevaron adelante el proyecto, implica también humanizar a las víctimas, a los sectores más marginales. Pero el Estado debe ir más allá; debe garantizar la vivienda digna. El Estado debe dar el paso necesario para trastocar esta realidad con la que conviven hoy los porteños.
Esto no significa, como aseguran muchos medios, que la vulnerabilidad social fomenta la inseguridad. El mismo censo destacó que aquellos sin hogar son víctimas habituales de la brutalidad policíaca. No es de extrañar, teniendo en cuenta que tal vulnerabilidad está directamente relacionada con la violencia institucional. No es cuestión de asimilar la violencia a los golpes (como expresaron los censados), el solo hecho de vivir en la calle atestigua que las instituciones no hacen lo necesario para facilitarles una solución de vivienda. Allí radica la verdadera violencia institucional, ahí donde las instituciones se vuelven vacías y cosifican a las personas solo con el fin de establecer ciertos números que no resolverán los conflictos que los mantienen en la marginalidad.
AMIA: 23 años de impunidad
Esta mañana se realizó el acto en conmemoración al ataque a la mutual israelita. Los familiares de las 85 víctimas, tras 23 años, siguen pidiendo justicia. Además, otras agrupaciones israelitas convocaron en Plaza de Mayo y en la puerta de AMIA por la tarde.
Se trata de una jornada triste para la memoria de los argentinos. Nuestro pueblo no puede olvidar el dolor causado en julio de 1994 por un atentado que aún no ha sido resuelto. Sabemos que las pruebas apuntan a un atentado-suicida y a un coche bomba; pero mientras el gobierno actual reconoce lo sucedido como un acto de odio a la humanidad, a la vez propone cerrar el caso con un juicio ausente.
Este año, el título que promovieron las víctimas fue el de “23 años de impunidad en la historia de todos”. Un verdadero símbolo de la frustración de las familias que aún reclaman por justicia. Familiares que no quieren que dé este cierre al caso que sería más bien un cierre “simbólico”, sin condenados. Más aún tras los descubrimientos realizados en los últimos años en base a bancos genéticos y nuevas tecnologías.