Como escribí más de una vez el año pasado, la “grieta” -que se popularizó hace unos años por motivo de las últimas elecciones presidenciales- supone dos miradas sobre nuestro país. Una mirada que supone al Estado como un mero órgano administrativo que no debe interceder en cuestiones sociales, como las pensiones a discapacitados o las condiciones de vida de los ciudadanos. Otra mirada en la que el Estado debe proponer los medios para otorgar las mejores condiciones de vida para todos los ciudadanos.
Estos dos proyectos han entrado en tensión en nuestra Argentina del siglo XX, dando lugar a lo que los teóricos se refieren como “empate” político. Cuando el gobierno de Perón llegó al poder y comenzó a organizarse este modelo criollo de Estado de Bienestar que significó el peronismo para nuestra población, los trabajadores y trabajadoras se sintieron verdaderamente representados e identificados con un movimiento nacional y popular que los interpelaba directamente a ellos.
Ante el peligro de tener que claudicar, un sector del empresariado nacional aliado con fuerzas del ejército (Aérea y Naval, sobre todo) y la Iglesia Católica forjó una alianza que derivó en el golpe-cívico militar del 16 de septiembre de 1955 (luego de bombardear al pueblo y a la plaza de mayo unos meses antes). El golpe se autoproclamó “Revolución Libertadora” y se concretó en nombre de la democracia (sostenían que Perón había devenido en tirano). Emergió entonces la figura de Eduardo Lonardi como presidente de facto para acomodar la nación.
De Lonardi fue la frase tristemente popular de “ni vencedores ni vencidos”. Para él, la normalización de las instituciones era el primer paso a tomar. Lonardi creía verdadera y erróneamente que Perón era un tirano; pero quienes controlaban ideológicamente el golpe sabían que lo hacían solamente para allanarse el terreno político. Así, menos de dos meses después asumió el mando de la “revolución” el teniente general Pedro Eugenio Aramburu: su objetivo era el de “desperonizar” el país.
Bajo el discurso de un espíritu democrático, Aramburu armó una comisión de investigación para intervenir la CGT y procesar a una gran cantidad de funcionarios del peronismo. Intervino en el ministerio de Educación con políticas de censura e impuso una nueva materia obligatoria “Educación Democrática” que enseñó a los jóvenes el funcionamiento de las instituciones que el mismo Aramburu había clausurado.
El 5 de marzo de 1956 (hace 62 años) se aprobó un decreto que sellaría el proyecto de la dictadura: el decreto 4161 prohibía toda alusión al peronismo, su nombre su familia o sus fechas célebres. La sola mención era causante de arresto. El resultado fue una sólida organización clandestina de resistencia peronista que dio lugar al mito peronista y a más de una interpretación sobre el movimiento.
Prohibir al peronismo demostró no ser el camino para hacerlo desaparecer. Quizás haya otras formas que prueben ser más efectivas. Por el momento, el peronismo sigue reivindicando sus tres banderas en nombre de un modelo de país distinto al que se está formando en este gobierno.