La decisión de la Corte Suprema de Justicia (mayoría de Highton, Rosenkrantz y Rosatti contra la disidencia de los jueces Lorenzetti y Maqueda) del pasado miércoles 3 de mayo no es más que otra demostración de los cambios que estamos viviendo en materia de representación de Derechos Humanos.
Es indiscutible el hecho de que, desde la asunción del nuevo gobierno, los ataques a la Memoria (con mayúscula) han provenido de varios frentes. Entre funcionarios (más o menos allegados al gobierno) que discurrieron en comentarios poco felices acerca del número de desaparecidos (incluso alguno discutiendo su entidad) hasta la inclusión de Aldo Rico en el desfile del bicentenario, las alteraciones que se han vivido sobre el pasado reciente nos hieren profundamente.
Esta última semana vivimos sentimientos encontrados. Mientras celebrábamos (no sin dolor) los cuarenta años de la primera ronda de Madres y Abuelas con la importancia que se merece, la Iglesia proponía una “reconciliación” entre víctimas y victimarios de la última dictadura. Carlotto fue contundente en su respuesta: no hay odio ni rencor, no se le desea el mal a nadie, pero no queremos reconciliación sino justicia. ¿Cómo contestó la justicia? Con este fallo histórico en el caso de Luis Muiña. Permitiendo a los acusados de delitos de lesa humanidad, pedir la reducción de la condena sin sentencia firme.
Es inaudito, sin embargo es coherente con la lógica que lleva poco más de 500 días. Han logrado poner sobre el tablero la discusión sobre el “terrorismo de Estado”, instaurando un debate que ya había sido saldado. Queda en los ciudadanos recoger, o no, el guante.