La conferencia de prensa que anunció el inicio de las negociaciones con el FMI trajo a la memoria colectiva los efectos de los antiguos endeudamientos con el Fondo. Las recetas de hoy son las mismas de ayer. Y los trabajadores conocemos sus consecuencias.
Tres fueron los ciclos de endeudamiento argentino con el Fondo Monetario Internacional: 1958-1962, 1976-1982 y el período desde 1989 a 2001. El financiamiento nunca vino solo: como contrapartida, se nos presentaron una lista de exigencias bajo la etiqueta de “recomendaciones”. El mayor impacto recayó sobre los trabajadores, perjudicados social y económicamente.
En el período más reciente (1989-2001), dentro de los requisitos impuestos se destacó la flexibilización del mercado de trabajo. Pérdida de poder adquisitivo, debilitamiento de las organizaciones que representan a los trabajadores, y limitación de sus derechos individuales.
El proceso de reforma laboral culminó con la famosa “Ley Banelco” que permitió el aumento de los períodos de prueba hasta los 12 meses. En materia de convenciones colectivas prohibió la negociación por actividad, descentralizando los convenios colectivos. A su vez, se redujeron drásticamente las indemnizaciones por despido.
En 2018 se presenta como un “nuevo” Fondo, distinto de aquel que promovió la quita de derechos a los argentinos. Sin embargo, los antecedentes recientes evidencian lo contrario. Las recetas para España (2012), Portugal (2012) y Grecia (2011), a cambio del rescate, tuvieron la misma finalidad que las reformas de nuestro país: reducción de las indemnizaciones por despido, limitación de la negociación colectiva, baja de los salarios y ampliación de los períodos de prueba. Los efectos llegan hasta la actualidad.
En 2016 el FMI volvió a ser tema de la agenda pública. Por primera vez después del período de cancelación de la deuda, sus funcionarios vinieron a la Argentina. En 2017 la entidad elaboró un informe sobre el país en el cual recomendaba implementar una serie de medidas para restablecer el equilibrio fiscal: reducción del gasto público, reforma del régimen previsional y la ya conocida reforma del mercado de trabajo. El Fondo Monetario argumenta que será necesario reducir los altos costos de terminación de los contratos laborales, flexibilizar los procedimientos para despidos colectivos y las condiciones para el empleo temporal. Pronto las recomendaciones se tradujeron en anuncios de las políticas que se aplicarían luego de octubre de 2017.
Los trabajadores no nos olvidamos de los costos que tuvimos que pagar. Por eso le decimos NO a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.