El análisis del Primer Censo Popular de Personas en Situación de Calle arrojó algunos resultados preocupantes. Hoy en día hay casi 4500 personas viviendo en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Si sumamos a quienes utilizan las redes de alojamiento nocturno, el número alcanza casi a las 6000 personas en situación de calle en nuestra ciudad.
Mientras tanto, la cifra oficial realizada por el programa Buenos Aires Presente (BAP) es de 1066. La diferencia podría radicar en el modo de llevar adelante el conteo: las organizaciones sociales que se capacitaron para realizar el Censo Popular recorrieron las calles de los 46 barrios porteños al menos dos veces (alternando día de semana con fines de semana y horarios nocturnos y diurnos) para obtener una cifra que verdaderamente visibilice a los sin techo. El BAP solo peinó las calles una vez, su argumento solo oscureció la cifra final. Para quienes llevan adelante el programa, pasar dos veces por el mismo lugar podría incurrirles el error de contabilizar dos veces a la misma persona; apoteosis de la cosificación humana. Por otro lado, las organizaciones sociales respondieron que llevaban identificados por nombre y apellido a los censados.
En este marco, no es sorprendente que se oigan declaraciones como la del secretario de Salud del municipio de General Pueyrredón, Gustavo Blanco, quien afirmó que los sin techo “son como los perritos”, no se quieren ir de donde están.
El programa que llevó adelante el censo oficial no solo les negó la identidad a quienes se encuentran en situación de calle, también desconoció a quienes usan transitoriamente los alojamientos diurnos o nocturnos. La ley 3076 (de 2010) define a las personas en situación de calle incluyendo a aquellas que utilicen la red de alojamiento nocturno; esto implicaría sumar a más de mil personas que habitualmente recurren a estas redes.
En los últimos años, el número de personas en situación de calle ha crecido por encima del 20% cada año. La ley mencionada anteriormente indica que los censos realizados deben ir acompañados de políticas públicas tendientes a revertir la situación. Visibilizar la realidad, como indican las organizaciones sociales que llevaron adelante el proyecto, implica también humanizar a las víctimas, a los sectores más marginales. Pero el Estado debe ir más allá; debe garantizar la vivienda digna. El Estado debe dar el paso necesario para trastocar esta realidad con la que conviven hoy los porteños.
Esto no significa, como aseguran muchos medios, que la vulnerabilidad social fomenta la inseguridad. El mismo censo destacó que aquellos sin hogar son víctimas habituales de la brutalidad policíaca. No es de extrañar, teniendo en cuenta que tal vulnerabilidad está directamente relacionada con la violencia institucional. No es cuestión de asimilar la violencia a los golpes (como expresaron los censados), el solo hecho de vivir en la calle atestigua que las instituciones no hacen lo necesario para facilitarles una solución de vivienda. Allí radica la verdadera violencia institucional, ahí donde las instituciones se vuelven vacías y cosifican a las personas solo con el fin de establecer ciertos números que no resolverán los conflictos que los mantienen en la marginalidad.